
La Constitución Política y la Ley General de Educación orientan enfáticamente que la convivencia en las instituciones educativas se debe fundamentar en los principios y valores de la democracia y los derechos humanos. La Corte Constitucional ha dicho que una idea de democracia militante atraviesa toda la Constitución Política. Nuestra experiencia trata de aplicar esta orientación constitucional y legal en el trámite de los conflictos propios de la convivencia escolar
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